La primera derrota de Meloni (El Mundo)

El 4 de diciembre de 2016 fue domingo. A las 23.00 se cerraron las urnas y comenzó el recuento de los votos. Los italianos habían sido llamados a expresar su opinión sobre una serie de medidas que implicaban una reforma constitucional. Su impulsor era el entonces primer ministro, Matteo Renzi.

Al referéndum acudió a votar el 68,4% del censo. De aquel porcentaje, el 58,8% se declaró en contra del cambio propuesto por el líder del Partido Democrático. Minutos después de la medianoche, el propio Renzi, cabizbajo y alicaído, compareció en el Palazzo Chigi, sede del Gobierno italiano y residencia del presidente del Consejo de Ministros, para aceptar la derrota y anunciar su decisión: acudir al día siguiente al Quirinale para presentar su dimisión ante el presidente de la República.

Y así fue: el político que había arrasado en las primarias de su partido apenas dos años antes veía truncada su carrera por una apuesta arriesgada que lo condujo al suicidio político.

Durante la campaña a favor del sí, Renzi se había expuesto en exceso, traicionado por una confianza desmesurada en sus propios medios que lo llevó a creer que la mayoría de los italianos avalarían su proyecto. Su osadía alcanzó su punto álgido cuando decidió vincular el resultado del referéndum a su continuidad en el Gobierno. Transformó así una consulta popular sobre una reforma constitucional en un plebiscito sobre su liderazgo.

Fue un error clamoroso que le costó muy caro. La oposición movilizó a su electorado al vislumbrar una oportunidad de oro para llevarse por delante al Ejecutivo. Al no ser necesario ningún quórum, bastaba con superar, aunque fuera por un solo voto, a los partidarios del sí. El no se impuso y uno de los políticos más prometedores de su época fue barrido de un plumazo.

Cuando hace unos meses el ministro de Justicia italiano, Carlo Nordio, propuso una serie de cambios legislativos que requerían una reforma constitucional, la oposición vio en esa iniciativa una oportunidad para hacer tambalear la mayoría gubernamental, como ya había ocurrido con Renzi.

La cuestión planteada por el ministro giraba en torno a la separación de las carreras de jueces y fiscales, y a la modificación del funcionamiento del Consejo Superior de la Magistratura, es decir, el órgano encargado de garantizar la imparcialidad del poder judicial.

A partir de esa propuesta, que, al afectar la Constitución, debía someterse a referéndum, se desató una campaña mediática altamente polarizada, en la que políticos, intelectuales y otras figuras públicas tomaron partido, especialmente a través de las redes sociales. Dado el carácter técnico de la reforma, es razonable pensar, que una parte significativa de quienes acudieron a las urnas lo hicieron movidos más por afinidad ideológica que por un análisis detallado de la cuestión. Esto quedó aún más patente ante las opiniones diametralmente opuestas expresadas incluso por los miembros de la magistratura. Así, la campaña terminó derivando en un plebiscito sobre el respaldo a Meloni.

No es un fenómeno nuevo en la política italiana –ni exclusivamente italiano–: cuando una cuestión compleja se somete a referéndum, el voto rara vez se limita al contenido de la pregunta. Con frecuencia se convierte en un juicio político sobre quien gobierna, en una vía indirecta para expresar apoyo o rechazo al Ejecutivo de turno.

En ese contexto, merece la pena detenerse en la trayectoria del Gobierno de Giorgia Meloni desde su llegada al poder.

La actual presidenta del Consejo de Ministros de Italia arrasó en las elecciones del 25 de septiembre de 2022. Su partido, Hermanos de Italia, alcanzó el 26% de los votos, situándose como la primera fuerza política del país, siete puntos por encima del Partido Democrático, y encabezando la coalición de centroderecha.

Tras esa victoria, la prensa internacional y parte de la italiana publicaron numerosos artículos alarmistas en los que se advertía de que Italia corría el riesgo de una deriva autoritaria. También en la Unión Europea se temía que Roma pudiera alejarse de las directrices comunitarias. Sin embargo, una vez en el poder, Meloni optó por aplicar políticas que, en algunos casos, no diferían demasiado de las impulsadas por su predecesor, el economista Mario Draghi. Al mismo tiempo, rebajó la tensión con Bruselas y se alineó con sus socios europeos en el apoyo a Ucrania frente a la agresión rusa.

Con el paso del tiempo, Meloni ha dado a entender que la célebre frase atribuida a Giulio Andreotti –«el poder desgasta a quien no lo ejerce»– conserva plena vigencia. O, al menos, así parece en su caso. Según un sondeo de Ipsos Doxa de hace dos semanas, su partido, Hermanos de Italia, alcanzaría el 28% de intención de voto y el índice de aprobación de la jefa del Gobierno se situaría en el 44%. Con estos datos, y contando con el respaldo de sus socios de coalición, la oposición no dispone hoy por hoy de los números necesarios para aspirar al poder. El referéndum se presentaba, así, como una de las pocas oportunidades reales para debilitar la mayoría gobernante.

A la hora de acudir a las urnas, muchos opositores seguramente recordaron la derrota de Renzi y pensaron que lo mismo podía repetirse: que el voto acabara convirtiéndose en un plebiscito en contra del Ejecutivo y forzara la salida del poder de la coalición de centroderecha. La propia primera ministra era consciente de que el momento era delicado. Tras las protestas contra la guerra en Gaza y contra el cierre de un centro social en Turín, optó por una mayor prudencia después de los ataques estadounidenses e israelíes a Irán. Se distanció de Donald Trump y adoptó un perfil bajo, poco habitual si se tiene en cuenta el respaldo que había mostrado al amigo norteamericano en los meses anteriores. Sabía que posicionarse a favor de la guerra tendría un coste político y podría haber tensionado aún más las calles. Al menos hasta la celebración del referéndum, resultaba más conveniente no definirse con claridad.

A pesar de esa prudencia, la movilización del electorado de izquierda fue masiva y logró su primer objetivo: ganar. El segundo –forzar la caída del Gobierno– se antoja, actualmente, una quimera.

Meloni, de hecho, no ha tardado en dejar claro que, aun respetando la decisión de los electores, no tiene ninguna intención de dimitir. El ministro de Justicia ha adoptado una posición similar: toma nota de que su propuesta no ha sido respaldada por la mayoría, pero no da un paso atrás. Mientras tanto, la oposición reclama en bloque la convocatoria de elecciones.

Elly Schlein, líder del Partido Democrático, ha llamado a mantener la movilización. Y ahí reside, precisamente, la mejor noticia para la oposición: su capacidad de movilizar a 14 millones de personas. La incógnita es en qué se traducirá esa «prolongación de la movilización». ¿Habrá concentraciones? ¿Se celebrarán manifestaciones de repulsa al Gobierno? ¿Se convocarán huelgas? Está por ver.
El mapa electoral muestra un país dividido: el sí se ha impuesto en buena parte de las regiones del norte, aunque no en Milán ni en las grandes ciudades, mientras que el no ha arrasado en las zonas tradicionalmente más rojas del país, como Toscana o Emilia-Romaña, pero también ha ganado en el sur.

Que se trata de la primera gran derrota de Meloni parece fuera de toda duda. Ahora bien, que esa derrota deba traducirse automáticamente en un cambio de Gobierno resulta mucho más discutible. Pese al optimismo de la oposición, las encuestas, como señalé, siguen situando al centroderecha firmemente en el poder.

Con todo, el Ejecutivo está obligado a hacer una reflexión. No solo por el resultado en sí, sino también por el mecanismo que lo ha hecho posible. En Italia, como ya ocurrió en 2016, los referéndums rara vez versan únicamente sobre lo que preguntan, sino que acaban decidiendo sobre quién gobierna. Y en este terreno, el riesgo político siempre es mayor de lo que parece.