Meloni, el espejo incómodo de Feijóo (El Mundo)
El Gobierno presidido por Giorgia Meloni acaba de situarse como el tercero más longevo de la historia de la Italia republicana. Hace unas semanas superó al de Bettino Craxi y ya se aproxima a los dos mandatos de Silvio Berlusconi. Cuando en septiembre de 2022 Meloni se impuso en las elecciones anticipadas tras la caída del Gobierno de Mario Draghi, pocos vaticinaron que su mandato duraría más de unos meses. La inexperiencia de la líder romana, su procedencia de un partido menor que en 2018 apenas había superado el 4% de los votos -nacido además de una tradición de derecha radical- y la necesidad de convivir con dos pesos pesados como Silvio Berlusconi y Matteo Salvini hacían prever un mandato breve y lleno de tensiones.
Sin embargo, Meloni no solo resistió las presiones internas y externas, sino que ha logrado consolidarse. Lo ha hecho gracias a un carácter firme, a menudo descrito como arisco, pero que responde más a un instinto de supervivencia política que a un temperamento autoritario. Su éxito ha sorprendido incluso a quienes, con prejuicios ideológicos, la dieron por amortizada antes de empezar.
Hoy muchos se preguntan si la hazaña de Meloni -formar una coalición dispar, competitiva entre sí, y mantenerla cohesionada- podría servir de modelo a Alberto Núñez Feijóo en España. La comparación es tentadora, pero exige matices.
Desde el primer día en el poder, Meloni y su partido, Fratelli d'Italia, estuvieron obligados a demostrar que habían dejado atrás cualquier sombra del legado fascista. Se lo exigían tanto la oposición, que agitó ese pasado nostálgico en campaña electoral, como la comunidad internacional, recelosa ante un partido que aún exhibe la llama tricolor en su emblema. En particular, la Unión Europea seguía con atención los primeros pasos del nuevo Gobierno, preocupada ante la posibilidad de que Italia se apartara de las líneas comunes de Bruselas y reavivara el discurso soberanista, representado por uno de sus principales referentes: Matteo Salvini.
En realidad, esa exigencia de ruptura con el pasado tenía más de gesto simbólico que de alarma democrática. Fratelli d'Italia procede de una escisión de Alleanza Nazionale, heredera a su vez del Movimento Sociale Italiano, el partido neofascista de posguerra. Sin embargo, fue la propia Alleanza Nazionale la que repudió oficialmente el fascismo ya en 1995, al integrarse en el nuevo Gobierno de Silvio Berlusconi. En ese momento nació la coalición de centroderecha que, con un equilibrio de fuerzas distinto al de entonces, gobierna Italia en la actualidad.
Durante más de dos décadas, la locomotora de esa alianza fue Forza Italia de Berlusconi; en 2018 el liderazgo pasó fugazmente a la Lega de Salvini; y hoy el timón está en manos de Fratelli d'Italia de Meloni. Tres partidos, 30 años de convivencia política, con rupturas puntuales pero unidos por una cultura de coalición y entendimiento difícil de replicar en otros contextos europeos.
Esa continuidad explica en gran medida la estabilidad del actual Ejecutivo. No obstante, mantener esta alianza no es tarea fácil. Antonio Tajani, al frente de Forza Italia tras la muerte de Berlusconi, conserva peso político; Salvini, por su parte, no se resiste a asumir un papel secundario. Sin embargo, el reparto de fuerzas juega a favor de Meloni: según las encuestas, Fratelli d'Italia roza el 30% de intención de voto, mientras que Forza Italia y la Lega rondan el 8% cada una. Esta «asimetría equilibrada» evita personalismos excesivos: los socios menores se neutralizan entre sí y dependen del liderazgo de Meloni.
El equilibrio ideológico es otro desafío constante para Meloni. Forza Italia representa el ala liberal y europeísta de la coalición. Su estrategia de aproximarse al centro y reforzar la respetabilidad institucional del Gobierno ha resultado, de momento, eficaz, al mitigar tensiones externas y garantizar la interlocución con Bruselas.
Matteo Salvini, en cambio, encabeza una Lega de corte soberanista y populista, abiertamente crítica con la UE, alineada con Viktor Orbán y marcada por una abierta admiración por el trumpismo.
Giorgia Meloni, al frente de un partido esencialmente conservador, afronta el reto de mantener cohesionada la coalición, conciliando las posiciones, a veces divergentes, de sus aliados. Para lograrlo, se ve obligada a realizar concesiones estratégicas. Entre las más recientes figuran la delicada reforma para separar las carreras de la magistratura, una vieja reivindicación de Forza Italia ya desde los tiempos de Berlusconi, y el proyecto del puente que uniría Sicilia con la península, una prioridad para Salvini que hoy permanece empantanado.
La coalición italiana, en definitiva, se sostiene sobre un delicado sistema de contrapesos dirigidos por el partido dominante que modula su discurso sin renunciar a su identidad. Pensar que en Italia gobierna un centroderecha puramente moderado sería ingenuo, pero también lo sería afirmar que se trata de un Ejecutivo extremista. Meloni ejerce un pragmatismo estratégico, consciente de que su supervivencia política depende de mantener una imagen de fiabilidad sin traicionar a su base conservadora.
Al mismo tiempo, se ve obligada a reforzar de forma constante la proyección internacional de Italia, desempeñando un papel destacado en el seno de la UE, y combinando su cercanía con Washington con su alineamiento inequívoco con Kiev.
Ahora bien, cabe preguntarse si el ejemplo de Meloni podría ser aplicable al centroderecha español. La comparación tiene límites evidentes: el acercamiento entre el Partido Popular y Vox es mucho más reciente y frágil, y nunca se ha cristalizado en una coalición de gobierno a nivel nacional. Aunque ambos comparten, o han compartido (no sin fricciones), el poder en algunas comunidades autónomas, carecen aún de experiencia conjunta en el ámbito estatal, lo que marca una diferencia sustancial con el centroderecha italiano. Además, una coalición de solo dos fuerzas tiende a ser más inestable debido a la propensión de una a fagocitar a la otra. Pedro Sánchez lo demostró con Podemos, al absorber su discurso tras años de cohabitación. Y una vez que esto pasó, tuvo que buscar apoyos hacia otro lado para luego repetir el mismo patrón con Sumar.
Además, la base electoral de Vox se encuentra en ascenso y comienza a tener una configuración ideológica distinta y una base electoral diferenciada, empezando por su crecimiento entre los jóvenes. Eso complica su papel subordinado respecto al Partido Popular. Aunque entre ambos partidos persiste una diferencia significativa, las encuestas sitúan a Vox en torno al 18 % de los votos, una cifra que refuerza su capacidad de influencia política.
Si en algún momento, tras las elecciones, el PP necesitara acercarse a Vox para que le salieran los números para gobernar, correspondería al partido de Feijóo, como fuerza mayoritaria, ejercer la moderación en el ejecutivo senza snaturarsi, es decir, sin renunciar a su propia identidad, aunque inevitablemente tendría que realizar concesiones a su socio. Entre ambas formaciones debería trazarse una clara línea de demarcación: el PP tendría que dirigirse hacia el electorado del centro político y la derecha templada, y Vox orientarse hacia los sectores situados más a la derecha. Competir en el mismo terreno sería políticamente contraproducente. Además, el PP debería emprender una labor de pedagogía política dirigida a sus propios electores, orientada a modificar la narrativa dominante que presenta a Vox como una fuerza incapaz de asumir responsabilidades de gobierno. Al mismo tiempo, tendría que dejar atrás cierto desdén mostrado por algunos de sus dirigentes y exigir a los de Abascal que abandonen sus invectivas antisistema contra los populares. Pero para eso es necesaria una convicción real. Cualquier claudicación o ambigüedad restaría credibilidad a un eventual proyecto de coalición. El posible acercamiento entre PP y Vox encuentra en las crisis abiertas en Extremadura y en la Comunidad Valenciana, tras la dimisión de Mazón, dos escenarios cruciales que servirán de termómetro —y quizás de espejo— de lo que pueda suceder a nivel nacional.